Defiende la Defensoría del Pueblo ante el Consejo de Estado la legalidad del decreto que fijó el salario mínimo para 2026, argumentando que es un derecho humano fundamental. La entidad intervino en una acción de nulidad contra la medida.
Por qué importa:
La decisión final sobre el salario mínimo impacta directamente la capacidad económica de miles de familias en Valledupar y el Cesar, afectando su acceso a vivienda, alimentación y educación. La Defensoría busca asegurar condiciones de vida dignas para los trabajadores de la región y el país.
El panorama:
- La Defensoría del Pueblo, a través de su titular Iris Marín Ortíz, radicó una intervención ante el Consejo de Estado.
- Esta acción se da en el marco de una demanda de nulidad contra el Decreto 1469 de 2025, que estableció el salario mínimo para el año 2026.
- La entidad enfatiza que la discusión del salario mínimo trasciende lo económico, siendo un asunto esencial de derechos humanos y dignidad.
Qué sigue:
El Consejo de Estado deberá analizar los argumentos presentados y emitir un fallo sobre la legalidad del decreto que fijó el salario mínimo.
Fuente: Maravilla Stereo · Ver nota completa
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